UN FISCAL CONSTITUCIONALISTA

Por: Germán Calderón España.

La tensión generada por la última reunión de la Corte Suprema de Justicia en donde se ratifica que la terna para Fiscal General de la Nación es inviable, ha reactivado reacciones fuertes de parte del gobierno y en especial, del señor Presidente de los colombianos. Sin embargo, por más difícil que parezca la situación tiene una solución fácil.

Para la Corte Suprema de Justicia, la terna para tan alta dignidad, debe estar compuesta por penalistas, - esto sin conocer qué otras objeciones puedan haberse ventilado sobre los candidatos, máxime cuando la terna fue recompuesta por el gobierno -; Para la Casa de Nariño, no es requisito sine cuanon que los candidatos tengan especialización en derecho penal, porque ni la constitución ni la ley lo exige.

El punto de discordia puede ser superado por ambas partes, si el gobierno y la Corte aceptan, postular candidatos constitucionalistas, el primero, y elegir uno de ellos para Fiscal General de la Nación, el segundo.

Qué mejor que un constitucionalista como Fiscal. Un defensor de la constitución y la ley, de los derechos fundamentales del procesado, de los derechos humanos del sujeto activo y pasivo dentro del contexto criminal, un intérprete de la jurisprudencia, la doctrina y las fuentes del derecho.

Un constitucionalista puede interpretar sistemáticamente la política criminal en el marco de los derechos humanos, y por lo tanto, aplicar los convenios internacionales y el bloque de constitucionalidad como parte inherente de nuestro sistema jurídico interno. Pero también, lo puede hacer de adentro hacia afuera, como por ejemplo, exportando tesis soportadas en la sociología criminal colombiana, para que los países hermanos se beneficien utilizándolas como así lo han venido haciendo en materia de teoría del derecho y del derecho constitucional.

Un constitucionalista podría evitar, desde la cabeza de un sistema penal acusatorio, la producción de decisiones que puedan estar contaminadas de posibles yerros judiciales que a futuro puedan convertirse en acciones constitucionales de tutela contra providencias judiciales por vías de hecho.

Un constitucionalista podría encajar perfectamente en el engranaje de una política criminal y judicial que girara armónicamente en compañía de las otras altas cortes, y en especial, con el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional.

Por último, un constitucionalista podría dar por terminada la tensión entre Corte Suprema de Justicia y gobierno, para que los dos volvieran por su cauce normal de la institucionalidad y de una democracia con independencia de poderes, pero con un trabajo en armonía para beneficio de todos los colombianos.