Según dicha organización defensora de los Derechos Humanos en Colombia, con dicho arreglo "España firma una alianza militar con un ejército, el colombiano, que está acusado de gravísimas violaciones de derechos humanos por varias instituciones internacionales".

El comunicado de la organización indica que Naciones Unidas ha advertido de que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército colombiano no son aisladas y permanecen en la impunidad.

En este sentido, explica que el Relator Especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, ha concluido, tras una misión en Colombia el pasado mes, que la versión del Gobierno de Álvaro Uribe, que acusa de las ejecuciones extrajudiciales a algunas "manzanas podridas" dentro del Ejército, "es insostenible".

"Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército", ha argumentado Alston, citado por la organización.

La Plataforma Justicia por Colombia considera que "ante los informes de la ONU y de un sinnúmero de misiones internacionales y nacionales que han verificado la sistemática violación de los derechos humanos, la respuesta del gobierno español no puede ser otra que la inmediata suspensión de todo tipo de acuerdo militar con Colombia".

Asimismo, opina que de lo contrario el mensaje que enviaría el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sería que las torturas, las desapariciones forzadas, las matanzas, el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad son medios eficaces de inserción en la comunidad internacional.

"Ninguna credibilidad del discurso de los Derechos Humanos podría sostenerse si continúan y se amplían los convenios de colaboración militar con estructuras responsables de miles de crímenes que ofenden la conciencia ética de la humanidad", concluyó. EFE.