A partir de este miércoles, la ciudadanía contará con un plazo máximo de díaz días para referirse al respecto de la constitucionalidad de la disposición que busca darle nuevos espacios tributarios al sector, con el fin atenuar su estado financiero.

 De esta manera, empiezan a agotarse los plazos para que la Corte Constitucional determine si es exequible o no el dectero 127 expedido por el Ejecutivo, en el marco de la emergencia social.